Jueces, blanqueo y patrimonio, las seis "marchas atrás" de Cambiemos en el poder

Mauricio Macri, Gabriela Michetti y María Eugenia Vidal debieron retroceder en medidas importantes para evitar escándalos. Cómo fueron los cambios.


"No somos infalibles, nos podemos equivocar y si nos equivocamos pedimos perdón". A través de esa frase, pronunciada por el ministro del Interior Rogelio Frigerio, el gobierno de Cambiemos avisaba que podía llegar a dar marcha atrás con algunas iniciativas. Lo que nunca nadie imaginó es que en menos de seis meses harían borrón y cuenta nueva en reiteradas oportunidades, tal como lo hizo hoy María Eugenia Vidal con los polémicos artículos que sancionaban periodistas que informaran sobre el patrimonio de funcionarios bonaerenses.

JUECES POR DECRETO

La primera vez que el gobierno de Mauricio Macri se vio obligado a recalcular fue cuatro días después de haber asumido, el 14 de diciembre, cuando el Ejecutivo designó por decreto a dos jueces de la Corte Suprema. 

La oposición estalló en críticas. Se trataba del nombramiento de los juristas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrant. Nadie criticaba los nombres pero sí que ninguno de ellos sea aprobado por el Senado de la Nación. Hasta la propia Elisa Carrió, aliada, presentó un proyecto para impedirle al Ejecutivo designar jueces sin la aprobación del Congreso.

Macri recibió a otros aliados del radicalismo, que cuestionaban la iniciativa, pero terminó de decidirse a dar marcha atrás después de una larga reunión con el líder del Frente Renovador Sergio Massa y el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti.

El 16 de diciembre, el Presidente oficializó su decisión de postergar los nombramientos. Seis meses después, el Máximo Tribunal funciona aún con 4 miembros.

TARIFAZOS

Lo iba a hacer cualquiera de los dos candidatos que ganara el balotaje. Macri ganó, lo bautizó "sinceramiento de la economía" e instruyó a su gabinete para que subiera las tarifas de los servicios.

El problema es que hasta sus propios aliados reconocieron que "todos los aumentos son desproporcionados" con el resto de las variables económicas. Algunos hogares recibieron boletas con subas de hasta el 1.600%. Empezaron a llover denuncias en distintos juzgados, que con el correr de las semanas dictaron amparos.

El hecho más gráfico fue, quizás, el relato del intendente de San Martín Gabriel Katopodis que le adjudicó al ministro de Energía Juan José Aranguren una polémica frase cuando le fue a reclamar por los aumentos: "Tengo que cumplir con mi planilla de Excel".

Tres meses después de los primeros anuncios, el ministro del Interior Rogelio Frigerio reconoció que "cometimos un error y lo estamos corrigiendo": organizó una reunión con los gobernadores y fijaron un tope del 400% de aumento de tarifas.

BLANQUEO

Luego de que el presidente Macri declarara tener fondos en Bahamas, y después de quedar vinculado en los Panamá Papers, llegó el anuncio de un plan de amnistía fiscal para repatriar fondos que sirvan para pagar los miles de juicios a jubilados.

Macri hizo el anuncio el 27 de mayo junto a mayores de edad, pero ni bien se bajó del escenario todas las miradas estaban puestas en la letra chica del proyecto. Primero trascendió que los funcionarios podrían venir a blanquear sus fondos pero, otra vez, tuvo que dar una marcha atrás.

El 30 de mayo, el proyecto llegó a la Cámara de Diputados con un polémico artículo. En su apartado número 85 aclaraba que ninguna persona que haya sido funcionario del Ejecutivo de 2010 a la fecha podría participar. Pero allí mismo se abrió otra polémica: se penaba con hasta dos años de prisión a periodistas que revelaran datos sobre los empresarios que blanquearan sus fondos.

Hubo pronunciamientos del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y de distintos dirigentes de derechos humanos. Macri aprovechó el 7 de junio, día del periodista, para contar un nuevo paso hacia atrás. "Lo estamos revisando, va a haber modificaciones porque se está debatiendo", contó en un brindis con periodistas en Casa Rosada.

AGN

El 5 de enero, tras una tensa negociación con el peronismo, el PRO le dio luz verde a la designación de Ricardo Echegaray al frente de la AGN. Llamó la atención que un partido que rechazó a Sergio Massa por ser un exfuncionario kirchnerista ahora le abriera las puertas a otro dirigente de ese espacio para conducir un organismo clave.

Otra vez, fue la propia diputada Elisa Carrió la que puso el grito en el cielo, pero lo hizo varios meses más tarde. La diputada aprovechó una entrevista en TN para arremeter en duros términos contra la vicepresidenta Gabriela Michetti: "Yo nunca hubiera entregado mi conciencia para nombrar a un delincuente". En menos de 24 horas, la presidenta del Senado le revocó su mandato.

DECLARACIONES JURADAS

Duró horas, pero no dejó de ser significativa la aparición del decreto 647/16, publicado hoy en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. Tres polémicos artículos fijaban la sanción de hasta dos años de prisión para quienes divulguen las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los funcionarios bonaerenses, policías y agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Es decir, la redacción de los artículos preveía que no era legal informar el patrimonio de ningún funcionario de la Provincia, por más que ellos deban declarar su patrimonio. Sólo 17 horas después de publicado, la propia gobernadora María Eugenia Vidal ordenó la revisión de los artículos y prometió modificaciones con un comunicado donde se adjudicaba los artículos a "un error de redacción".

Por la noche, en el programa A Dos Voces, dijo que quería "llevarle tranquilidad a los periodistas" y confirmó que ya había firmado la derogación de estos artículos: "Nosotros no somos un gobierno que persiga a nadie, vi un error y lo corregí".
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