Las millonarias operaciones sospechosas de los presuntos "estafadores de los iPhones"

Hernán Mancini y Sebastián Gatti están en la mira de la Justicia por una defraudación por lotes de teléfonos de alta gama. La PROCELAC evalúa nuevos reportes bancarios en su contra y pide investigarlos por lavado de dinero. El inquietante nexo político.




Meses atrás, más de 15 presuntos damnificados por Hernán Mancini y Sebastián Gatti se reunieron en el living de una casa de San Isidro para buscar una solución a lo que habría sido, en primer lugar, una profunda violación a su confianza. Mancini y Gatti eran, por lo menos, nombres en los que podían confiar. Eran conocidos de toda una vida; sus familias habían echado raíces y conexiones duraderas en el microclima de San Isidro, en clubes de rugby como el CASI.

Comerciantes y socios desde el 2008 según el Boletín Oficial, dedicados en sus declaraciones comerciales a la ferretería industrial, el dúo les ofrecía a amigos y parientes un trato casi mágico: invertir en lotes vacantes de iPhones y otros teléfonos de alta gama que compraban a gigantes del mercado estadounidense como Verizon para venderlos rápido y barato. Los aparatos jamás llegaban a la Argentina, todo el negocio se hacía en Estados Unidos. Mancini y Gatti prometían tasas al menos interesantes; un 15 a 25 por ciento de ganancia. Para validar su planteo, mostraban documentación que parecía convincente, resúmenes del Bank of America entre otros papeles.

Así, los amigos y parientes, incluida una cuñada, comenzaron a aportar, pero el dinero jamás le volvió. De vuelta en el living de la casa en San Isidro, las historias comenzaron a repetirse: algunos les dieron 40 mil dólares, otros 80 mil. Algunos presuntos damnificados en la reunión eran más vehementes. Sin embargo, el que más puso fue el que menos habló: un hombre aseguró haberles dado 800 mil dólares, fruto de la venta de su empresa. Simplemente, agachó la cabeza en clara señal de vergüenza. No quiso denunciarlos ante la Justicia. Otros veinte sí lo hicieron, en una causa por estafa que hoy crece en el Juzgado de Instrucción Nº41 y la Fiscalía Nº10.

En septiembre pasado, Infobae dio a conocer la historia. Hoy, los avances son notables. Mancini fue detenido, indagado y procesado, una decisión que apeló con su abogado defensor. Hoy está libre. Gatti, en cambio, sigue prófugo. La Policía fue a buscarlo a donde se suponía que debía votar; tiene su salida prohibida del país. Seis meses atrás, se calculaban veinte presuntas víctimas en el expediente, con otros supuestos veinte que no se habían presentado. El daño, en ese entonces, se calculaba en ocho millones de dólares.

Hoy, nuevos denunciantes esperan sumarse a la causa con el estudio de abogados Lisicki, Litvin y Asociados, especialista en derecho penal económico y el principal expediente. A la luz de estos nuevos casos, el monto de la supuesta estafa podría ascender a diez millones en moneda estadounidense. La imputación, por otra parte, también podría cobrar un giro dramático. A la luz de nueva evidencia, la PROCUNAR, el ala del Ministerio Público dedicada a delitos financieros bajo la dirección del fiscal Carlos Gonella, pidió este 19 de enero último investigar a Gatti y Mancini por lavado de dinero.

La dupla operaba principalmente con dos sociedades: Nexus Global Solutions en suelo estadounidense y Bayres Trade SRL en Argentina, con el fin declarado de comerciar partes de ferretería industrial y piezas para trenes y aviones. Bayres Trade, según información del Banco Central, sumaba en diciembre pasado más de 2 millones de pesos en 88 cheques rechazados por falta de fondos. En las últimas semanas, la Unidad de Información Financiera envió a PROCELAC tres ROS, reportes de operaciones sospechosas, detectados en su base de datos. Todos databan de mediados de 2013, el momento en que comenzaron los problemas judiciales de Gatti y Mancini y provenían de bancos como el Francés y el HSBC. En ellos, las sospechas se volvían obvias.

El primero de ellos, con fecha del 13 de septiembre de ese año, fue emitido por el HSBC en contra de Gatti como firmante ante el banco. El monto: más de dos millones de pesos. La operatoria reportada consistió en: "...la acreditación en su cuenta corriente de sucesivas operaciones de transferencias, depósitos de cheques y depósitos en efectivo, que no guardaban relación con el perfil transaccional del cliente en función de la documentación aportada por el mismo...", dijo el informe oficial al que Infobae accedió en forma completa. Al ser alertado por nuestro sistema de monitorio, pudimos observar que el cliente recibía en su cuenta numerosas transferencias, además de depósitos en efectivo y de cheques, de acuerdo al siguiente detalle: Transferencias recibidas: $1.152.282, Depositos de cheques: $229.278, Depositos en efectivo: $664.570. Al realizar la consulta al ejecutivo de cuentas, el mismo nos informó que el cliente presentó la siguiente documentación: balance al 31/12/2010 y DDJJ de IVA correspondientes a los períodos febrero, marzo y abril, siendo las mismas insuficientes para respaldar sus operaciones", continuó. El remate del párrafo es alarmante y abre un interrogante notable para la investigación del Juzgado Nº41: "Adicionalmente, se pudo constatar que el cliente mantuvo una operatoria de similares características entre junio de 2009 y abril de 2012 por un total de $ 13.704.953"

El segundo reporte sospechoso ocurrió el 23 de diciembre de 2013 y también provino del HSBC. Comprendió el período de agosto a octubre de ese año. Fue por 390 mil pesos, mismas razones para sospechar que el anterior. El siguiente ROS fue algo más jugoso. Llegó desde el Banco Francés el 3 de enero de 2014 sobre Bayres Trade y Sebastián Gatti. El monto: $7,3 millones de pesos, que no se condecían con el perfil comercial de la firma, concluyó el banco en la información que remitió a la UIF. "De acuerdo al último balance presentado por la firma correspondiente al año 2012, se registraron ganancias por $11 mil y un activo corriente de $ 462 mil. La actividad principal de la firma es Ferretería Industrial", afirma el documento. El nuevo dinero carecía, por otra parte, de documentación de respaldo.



Para Emilio Costas Cornejo, abogado penalista querellante en la causa y miembro de Lisicki, Litvin y Asociados, la actuación de la PROCELAC parece promisoria. Costas Cornejo incluso revela: "Entendemos que gran parte del dinero aún existe; que tenemos algunos indicios de inversiones a través de testaferros, y por ende haremos lo imposible por que se profundice sobre la ruta del dinero y sobre quienes ayudaron a lavarlo". Manuel Tessio, abogado del mismo estudio, destaca "la buena labor que está llevando adelante el Juzgado en el trámite de la causa, no es algo con lo que nos encontremos todos los días".

A su vez, la UIF, según el reporte elevado por la PROCELAC, detectó un vínculo llamativo. Un rastreo en una base de datos reveló una familia de sociedades vinculadas a Gatti o Mancini en suelo americano, otras seis además de Nexus Global Solutions. En ellas, aparece un nombre: Carlos Artaza, que sería agente registrado y presidente de Nexus y oficial jerárquico de otras cuatro firmas. La UIF informó a PROCELAC que podría ser, efectivamente, Carlos Hugo Artaza, involucrado en una causa en el Juzgado Federal de Tres de Febrero en donde se investiga "la participación de Artaza en dicha pesquisa" que "se vincularía con la facilitación para el armado y utilización de sociedades comerciales que habrían llevado adelante maniobras ilícitas. Estas maniobras vincularían a su vez con el señor Guillermo Greppi y la asociación mutual Propyme".

Carlos Artaza quizá sea un nombre desconocido, pero Greppi y Propyme no lo son de ninguna manera. Carlos Liuzzi, segundo de la Secretaría de Legal y Técnica del gobierno anterior, comandada por Carlos Zannini, fue investigado por uno de los hechos más escandalosos de la administración kirchnerista, ocurrido en diciembre de 2013: el delito de encubrimiento, al supuestamente pedir al juez Oyarbide que se frene el allanamiento a Propyme, un hecho por el cual Liuzzi fue sobreseído por el juez Luis Rodríguez en Comodoro Py, así como Oyarbide, que fue imputado por prevaricato y omisión. La financiera, precisamente, pertenecía a Guillermo Greppi.
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